Article de Carmen Collado, de Fundació Novaterra, que pots llegir ací en Levante-EMV
No hay números fiables, pero son muchas, muchísimas, las extranjeras en situación irregular que trabajan cuidando en su domicilio a nuestros mayores. Es ilegal, incumplen la norma tanto la persona empleadora como la trabajadora, pero es la única opción para una y otra. Es un acuerdo entre débiles que no encuentran otra salida.
La empleadora suele ser una persona que vive sola, necesita ser atendida en necesidades básicas y no desea o no consigue, por falta de plazas, alojarse en una residencia pública. Seguir viviendo en el que ha sido tu hogar, rodeada de tus recuerdos y manteniendo relaciones de vecindad es, además, la opción preferida para muchas personas; en cuyo caso es necesaria la ocupación de un cuidador/a en el domicilio. Un lujo que, si se cumple la legalidad, está al alcance de muy pocas personas.
Las únicas trabajadoras dispuestas a realizar esta tarea, como internas, son las inmigrantes en situación irregular. Se trata de un trabajo con el que obtener los necesarios ingresos económicos (normalmente muy por debajo del salario mínimo), y cubrir las necesidades de alojamiento y manutención mientras trascurren los plazos normativos para regularizar su situación.
La sanción administrativa para quien emplea a estas personas en tales condiciones es muy alta: una multa de 10.000€. Pero la necesidad, que muchas veces aparece de forma súbita, como una lesión o un avance importante del deterioro físico, obliga a correr riesgos y confiar en no ser detectada. Son muchas las trabajadoras migrantes que se mantienen en esta ocupación tras obtener la autorización para trabajar en España -se trata de un empleo con oferta creciente, que no quieren ocupar las nacionales- si bien sus condiciones de trabajo no mejoran mucho. Las personas que necesitan ser atendidas no suelen tener recursos económicos suficientes para cumplir la norma plenamente, lo que no debería ser utilizado como excusa para justificar una situación de explotación. Son trabajadoras que están cumpliendo un importantísimo servicio y merecen el trato digno correspondiente.
El Estado no puede ignorar esta realidad y está obligado a poner soluciones: las trabajadoras deben prestar sus servicios con plenitud de derechos y las personas dependientes deben ser atendidas en sus necesidades. Son muchas las normas que confluyen y que deben atender a esta realidad. Sin duda, la Ley de Extranjería, que debe prever la pronta regularización de quienes obtienen una oferta de empleo en esta actividad y cubrir el periodo de tramitación, con las cautelas que se consideren necesarias. También la normativa de la Seguridad Social, estableciendo exoneraciones de cotización a empleadores dependientes; y la normativa fiscal, previendo deducciones en el IRPF de los gastos laborales del servicio doméstico. Recordemos que, en la actualidad, se trata de rentas con doble imposición a cargo de quienes las perciben y de quienes las abonan; y, obviamente, no nos olvidemos de la Ley de Dependencia.
El gran avance que supuso dicha ley se revela absolutamente insuficiente en una sociedad que envejece y genera nuevas necesidades, que afectan a un número cada vez mayor de personas. No solo es urgente mejorar la deficiente gestión imputable a algunas administraciones autonómicas, sino que es necesario reforzar los servicios dirigidos a los cuidados de las personas mayores, en cualquiera de sus niveles. Se trata, sin duda, de una responsabilidad colectiva. Conviene recordar la proclamación como «Social» de nuestro Estado y el art. 50 de la Constitución: «Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio».
Hace unos días asistí a un encuentro en el que se abordaba la problemática de las trabajadoras del hogar. Una ponente, activista del sector, rechazaba con vehemencia la referencia a la falta de recursos de los empleadores con estas palabras: «si no pueden pagar una jornada completa que contraten menos horas». Entendí su orden de prioridades pero, para una analista, esa afirmación solo es válida cuando el servicio doméstico es un lujo, no cuando es una necesidad social. Los principios de un estado social obligan a enfrentarse a las necesidades sociales de forma solidaria y la solución debe provenir de los servicios públicos.
Nuestra población envejece y se generan nuevas necesidades privadas y sociales. Desde hace mucho las empresas del ocio se percataron de esta realidad y aumentaron la oferta de servicios para este ámbito poblacional. Los que tenemos la fortuna de gozar de buena salud, y recursos económicos para subsistir con holgura, estamos de enhorabuena. Eso sí, mientras nos dure la salud.